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Vivir trabajando para pagar el alquiler

El fracaso del intento de limitar los precios de los alquileres en Baleares contrasta con el jugoso dividendo que registró el negocio inmobiliario en las Islas durante 2022: más de 7500 millones de euros en compraventa de casas. Mientras vivir en este territorio implica gastar casi el 50% de un salario promedio en alquilar, los empresarios hosteleros se quejan de la falta de personal para una temporada de verano que parece haber comenzado antes de tiempo.

La pre temporada ya comenzó y el turismo se hace notar en toda la isla. Desde la llegada de la primavera y con la cercanía del puente de Semana Santa, Menorca acusa una sostenida afluencia de turistas que abre la veda del trabajo hostelero en 2023.

Bares, restaurantes, terrazas y cafés de toda la isla han comenzado su proceso de incorporación de personal, y la sorpresa de los empresarios ante la "falta de trabajadores" para este verano 2023 es sólo comparable a lo elevado del precio de los alquileres que aumentan hasta el infinito. Y la relación entre ambas situaciones no es casual, sino causal.

Desde el último trimestre del 2022, el precio de la vivienda en las Islas Baleares ha experimentado un aumento del 2,9%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV), una estadística elaborada por el Instituto Nacional de Estadística que mide la evolución de los precios de compraventa de las viviendas de precio libre. Mientras la media de aumento a nivel nacional es de 1,9%, Balears marca un punto exacto por encima, siendo el territorio donde más aumentaron los precios de compra de viviendas.

Aunque la inmensa mayoría de las personas que viven de su salario contemplan muy lejana la posibilidad de adquirir una casa propia, la escasez de viviendas y el precio de las mismas, libradas a la suerte flotante del mercado, termina incidiendo necesariamente en los precios de los alquileres. Si pensamos que sólo en 2022 el negocio de compraventa de inmuebles en Baleares superó los 7.500 millones de euros, indexar el precio de los alquileres a esta tendencia arroja una respuesta incontestable: a mayor especulación inmobiliaria, peores condiciones de alquiler.

¿La intervención del Estado?

Ante esta realidad que padecemos con cada vez mayor agudeza quienes habitamos las baleares durante todo el año se han ensayado algunas propuestas políticas. A principios de marzo, una propuesta conjunta de los parlamentarios del Partit Socialista de les Illes Balears, Més y Podem impulsó un proyecto para limitar el precio de los alquileres. La propuesta topó con el centralismo, ya que fueron los mismos diputados socialistas de Madrid quienes vetaron el tratamiento del proyecto, argumentando que "ya existe una normativa que persigue los mismos objetivos".

En ese sentido una de las portavoces de Podemos de Baleares, Esperança Sans, acusó al PSOE de "traición" por tumbar un proyecto presentado unánimemente por las fuerzas progresistas de las islas.

Más allá de las disputas políticas entre partidos, que se recrudecen con la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales, el problema de la vivienda persiste y amenaza la estabilidad de toda la economía insular, que por otro lado tambalea ante cualquier infortunio -como la pandemia-, fruto de su escasa diversificación.

Otro aspecto aún más importante que la fortaleza económica del sector turístico que no puede abastecer el servicio por no encontrar trabajadores dispuestos a gastar su sueldo en pagar un alquiler inaccesible, es la dimensión del derecho a la vivienda digna. No querer dilapidar el 40% o el 50% de un salario promedio en gastos de vivienda no es sólo una cuestión económica sino, sobre todo, una cuestión de dignidad y de ejercicio del derecho constitucional y humano a vivir en un lugar en condiciones.

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